El acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz (“JEP”), dado a conocer el pasado 15.12.2015, propone un modelo de justicia que se aplicará a los delitos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano. El acuerdo sintetizó aquel optimismo que ha marcado el desarrollo de la justicia transicional (“JT”) en Colombia sobre el uso de la pena y del derecho penal como medidas de transición, frente a las que se ha subordinado la terminación del conflicto armado. Paradójicamente, con el protagonismo que se le otorga al procedimiento penal en la JEP se podrían encontrar, una vez más, razones para explicar cómo ésta terminará por extraer y minimizar la maniobrabilidad y posibilidades adaptativas de otras condiciones para la resolución del conflicto armado colombiano.